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Reglamento Tribunal de Ética

I.- Del tribunal

 

Art. 1.- Competencia. El Tribunal de Etica del Colegio de Abogados y Procuradores conocerá y juzgará los casos de faltas cometidas por los matriculados en el ejercicio de la profesión, los de inconducta que afecten el decoro de ella y todos aquellos en que se haya violado la ética profesional.

 

Art. 2.- Composición. El Tribunal estará compuesto de cinco vocales, que durarán dos años en sus cargos y serán reelegibles.

 

Art. 3.- Presidencia. El Tribunal será presidido por uno de sus miembros, el que se elegirá en el acto de constitución, por simple mayoría, dentro de los cinco días de notificada la designación. En el mismo acto se elegirá – entre sus miembros – un Secretario, que colaborará con el presidente.

 

Art. 4.- Facultades y deberes de la presidencia. Son facultades y deberes del presidente del Tribunal:

 

  1. a) Presidir las reuniones del Tribunal, con todas las facultades inherentes a tal función.

 

  1. b) Representar al Tribunal en sus relaciones con los demás órganos del Colegio de Abogados y con las autoridades e instituciones públicas y privadas que corresponda.

 

  1. c) Convocar asimismo a reunión en los casos de procesamiento por delito doloso o cancelación de la matrícula de un colegiado, y para tratar asuntos de interés general del Tribunal, a solicitud de un vocal o por propia iniciativa, poniendo a disposición de los jueces, con la debida anticipación los antecedentes necesarios para resolver.

 

  1. f) Ejercer la superintendencia de las actividades administrativas del Tribunal, velar por el orden y la economía interna.

 

  1. g) Proveer lo conducente al cumplimiento de las sentencias del Tribunal, dejando constancia en las respectivas actuaciones.

 

  1. h) Controlar el cumplimiento de las normas reglamentarias sobre distribución de las nuevas causas y registración de las sentencias y resoluciones.

 

  1. i) Gestionar ante quien corresponda la provisión de los elementos necesarios para el eficaz funcionamiento del Tribunal.

 

  1. j) Promover la divulgación de las normas de ética profesional y de las funciones que cumple el Tribunal entre los colegiados, los estudiantes de derecho y la población en general, mediante conferencias, publicaciones, notas periodísticas y cualquier otro medio adecuado.

 

  1. k) Mantener relaciones e intercambiar información con los tribunales de ética de otros colegios de abogados, nacionales y extranjeros, a fin de actualizar y perfeccionar los criterios y procedimientos que aplica el Tribunal.

 

 

II.- Del  funcionamiento del tribunal

 

Art. 5.- Reuniones. El Tribunal deberán reunirse como mínimo dos veces por mes. Si el día de la reunión fuese inhábil, deberán hacerlo el primer día hábil posterior en que la sede esté disponible. Podrán actuar válidamente con la presencia de tres de sus miembros.

 

Art. 6.- Suplencias y reemplazos. En caso de recusaciones, excusaciones, licencias, o cualquier otro impedimento transitorio, los miembros del Tribunal se suplirán entre sí.

 

Art. 7.- Secretaría Letrada. El Tribunal tendrá un secretario letrado, designado por el Consejo Directivo mediante concurso de antecedentes y oposición quien cumplirá las funciones establecidas en este reglamento a través de la figura de una locación de servicios. En atención al propósito de que el cargo sea ejercido por jóvenes abogados, para ser designado secretario letrado se requiere ser mayor de edad, ser abogado matriculado, con una antigüedad mínima de un año y máxima de cinco años en la Matrícula del Colegio de Abogados de Jujuy. Alternativamente el Consejo Directivo queda facultado para implementar pasantías a favor de jóvenes abogados mediante el pago de becas, incluyendo en aquéllas al desempeño como Secretario Letrado del Colegio y/o del Tribunal de Ética y Disciplina. Es incompatible el ejercicio del cargo de Secretario Letrado con el de cualquier empleo o cargo público nacional, provincial o municipal; pero su titular puede ejercer autónomamente la profesión de abogado.

 

Art. 8.- Deberes y facultades del secretario letrado. Sin perjuicio de los demás deberes y facultades establecidos en este Reglamento, será incumbencia del secretario letrado:

 

  1. a) Concurrir a todas las reuniones y audiencias del Tribunal.

 

  1. b) Informar a los miembros del Tribunal los asuntos entrados, las anomalías o irregularidades que pudieran afectar al procedimiento, el estado de las causas, y el curso de los términos reglamentarios.

 

  1. c) Refrendar con su firma las sentencias y demás resoluciones del Tribunal.

 

  1. d) Recibir las denuncias y sus ratificaciones; y autorizar los poderes, a favor de letrados, que otorguen los denunciantes y denunciados a los efectos de su representación ante el Tribunal.

 

  1. e) Autenticar copias de actuaciones y documentos probatorios; y controlar el cumplimiento de las notificaciones reglamentarias.

 

  1. f) Diligenciar las medidas ordenadas para mejor proveer, las pruebas ofrecidas por denunciantes legos carentes de patrocinio letrado y cualquiera otra diligencia encomendada por el Tribunal.

 

  1. i) Desempeñar las demás funciones que incumben a los secretarios judiciales y que supletoriamente les sean aplicables.

 

Art. 9.- Sentencias y resoluciones. Las sentencias y resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán ser suscriptas por todos los integrantes del Tribunal. Los demás decretos y providencias lo serán por el presidente de la sala o, en su ausencia, por cualquiera de los otros miembros. El secretario letrado suscribirá por sí solo los de mero trámite y las cédulas de notificación. Los decretos y providencias dictados por el presidente o el secretario serán recurribles por ante el mismo.

 

Art. 10.- Notificaciones. Las notificaciones dirigidas a los denunciantes se efectuarán en el domicilio legal que obligatoriamente debe constituir en el expediente. Si no lo hubieren hecho, ellas se tendrán por realizadas por ministerio de ley de conformidad a lo previsto en el art. 154 del C.P.C., salvo que el Tribunal disponga su efectivización  en el domicilio real.

 

Art. 11.- Términos y caducidad. Los términos correrán en días hábiles judiciales, pero el presidente de trámite o quien lo supla podrá habilitar días y horas inhábiles, incluida la feria anual, mediante resolución fundada, cuando la gravedad o urgencia del caso lo requiera. Todos los términos son perentorios y los escritos podrán presentarse válidamente hasta las dos primeras horas de oficina del día hábil inmediato posterior a su vencimiento. La paralización del trámite por un año dará lugar, sólo a pedido de parte, a la caducidad del proceso. No operará la caducidad cuando la paralización no sea imputable a la inacción del Tribunal o de las partes.

 

 

III.- Del desarrollo del proceso

 

Art. 12.- Iniciación y radicación. Las causas de competencia del Tribunal se iniciarán: a) Por denuncia; b) Por comunicación de magistrados; c) Por resolución fundada del Consejo Directivo. Las causas se distribuirán rotativamente entre los miembros por orden de nominación y recepción, sin interrupción alguna, registrándose su radicación en un libro especial. Sin perjuicio de ello, el secretario letrado deberá informar la existencia de posibles conexidades con otras causas en trámite, a los fines de una eventual acumulación.

 

Art. 13.- Denuncia. La denuncia podrá ser formulada por escrito u oralmente. La denuncia formulada por escrito deberá ser ratificada por el denunciante ante el secretario letrado del Tribunal, en la audiencia fijada a tal efecto, bajo apercibimiento de archivo de las actuaciones, salvo cuando el Consejo Directivo estime que corresponde actuar de oficio. No será necesaria la ratificación cuando la denuncia sea formulada por un abogado de la matrícula que actúe por derecho propio, o bien por comunicación de magistrados. La denuncia oral deberá instrumentarse mediante acta labrada por el Secretario Letrado. En todos los casos, el denunciante deberá proporcionar su identificación y domicilio real, y constituir domicilio dentro del radio de tres kilómetros del asiento del Tribunal.

 

Art. 14.- Apoderados y defensores. El denunciante podrá realizar la denuncia personalmente o por intermedio de hasta dos letrados que lo representen, mediante poder autorizado por el Secretario Letrado del Tribunal u otro instrumento legalmente idóneo. El denunciado podrá formular su descargo por sí o por intermedio de hasta dos representantes legales.

 

Art. 15.- Denuncia indirecta. En caso de recibirse testimonios de actuaciones judiciales remitidos por un juez ordinario a instancia de un matriculado, con el fin de que el Tribunal se expida sobre presuntas faltas de ética cometidas por otro matriculado en el trámite del juicio, se deberá citar al primero para que asuma el rol de denunciante dentro del término de diez días, bajo apercibimiento de procederse al archivo de las actuaciones, salvo cuando el Consejo Directivo estime que corresponde actuar de oficio. No se requerirá el rol de denunciante si el testimonio de las actuaciones judiciales es remitida de oficio por un juez ordinario.

 

Art. 16.- Primer decreto. Presentada una denuncia, el Consejo Directivo examinará sus términos y de acuerdo con ellos podrá disponer:

 

  1. a) Desestimar in limine la denuncia, por resolución fundada, cuando ella fuera manifiestamente improcedente o los hechos no correspondan a la competencia del Tribunal de Ética y Disciplina.
  2. b) Hacer lugar a la formación de causa disciplinaria, mediante resolución fundada y remitirá las actuaciones al Tribunal de Ética y Disciplina.

 

Art. 17.- Excusaciones. Remitidas las actuaciones al Tribunal de Ética y Disciplina, el Presidente del Tribunal designará el Presidente de Trámite que por orden sucesivo le corresponda intervenir en la causa, previa manifestación sobre causales de excusación. Sólo se admite la excusación de los miembros del Tribunal y de la Secretaria Letrada del Cuerpo, por las causas establecidas por la ley procesal civil para los jueces. No se admite la excusación por motivos de decoro y delicadeza.

 

Art. 18.- Constitución e Integración del Tribunal de Ética. El Presidente de Trámite designado, pasará las actuaciones a los restantes miembros a los fines de que manifiesten sobre eventuales causales de excusación. Si resultare la excusación de tres o más miembros, los miembros separados serán reemplazados mediante el sorteo de otros de la lista de conjueces que remitirá el Consejo Directivo.

 

Art. 19.- Emplazamiento del imputado.- El Tribunal de Ética y Disciplina hará conocer al imputado su integración y la resolución del Consejo Directivo que dispone hacer lugar a la formación de causa disciplinaria, emplazándolo para que presente pruebas y defensas dentro de los veinte días.

 

Art. 20.- Recusaciones. El denunciado podrá recusar con expresión de causa a alguno de sus miembros y a la Secretaria Letrada del Cuerpo. La recusación deberá fundarse en alguna de las causales del Código Procesal Civil, bajo sanción de inadmisibilidad y ser acompañada del pertinente ofrecimiento de prueba. El incidente de recusación no suspende el trámite, ni plazo alguno, pero inhabilita al miembro para dictar sentencia interlocutoria o definitiva. Los actos cumplidos serán válidos, aún cuando se declare fundada la recusación.

 

Art. 21.- Facultades y deberes del tribunal. El Tribunal deberá evitar la paralización del proceso velando para que éste determine la verdad objetiva de los hechos sobre los que versa la causa y a tal fin podrá ordenar como medida para mejor proveer cuanto estime pertinente. Podrá asimismo disponer en cualquier momento, el comparendo personal del denunciante y del imputado para requerirles explicaciones o intentar una conciliación.

 

Art. 22.- Audiencia y apertura a prueba. Vencido el término para contestar la denuncia, si existieran hechos controvertidos, el Tribunal abrirá la causa a prueba por el término de veinte días, pudiendo las partes ofrecer nuevas pruebas dentro de los cinco primeros.

 

Art. 23.- Producción de la prueba. El Tribunal proveerá la prueba ofrecida y dispondrá las medidas conducentes a su producción, pudiendo – en este caso – requerir el auxilio de la fuerza pública a un juez penal a los fines de posibilitar el comparendo de testigos. Podrá asimismo desestimar la de notoria improcedencia o prohibida por la ley.

 

Art. 24.- Coexistencia de causa penal. Cuando exista causa penal pendiente originada en el mismo hecho que se juzga como falta de ética y exista riesgo de sentencias contradictorias, el Tribunal podrá disponer la suspensión del trámite hasta la conclusión de aquélla.

 

Art. 25.- Sentencia. Vencido el término probatorio, el Secretario Letrado informará sobre los antecedentes del denunciado y se llamará autos para sentencia. Al quedar firme este decreto, comenzará a correr el término de diez días para dictar el fallo, el que deberá contener precisiones sobre los siguientes puntos: a) Si están o no probados los hechos imputados al denunciado; b) Si tales hechos implican violación de alguna norma ética; c) Si en virtud de lo expuesto corresponde absolver o condenar al denunciado; d) En su caso, la sanción que corresponde aplicar y el tiempo de su cumplimiento. Habiendo unanimidad en los fundamentos y en la parte resolutiva, el fallo podrá dictarse bajo la forma de auto; en caso contrario, los miembros del Tribunal emitirán sus votos separadamente.

 

Art. 26.- Registración y publicidad de la sentencia. Las sentencias se insertarán en el protocolo correspondiente y se anotarán en el registro de sentencias y resoluciones, el cual será de libre consulta para los matriculados. Una vez firmes, las sentencias que impongan sanciones disciplinarias serán comunicadas al Consejo Directivo, quien – en caso de sanciones suspensivas – fijará prudencialmente la fecha a partir de la cual se efectivizará su cumplimiento, debiendo notificar a esos efectos al denunciado y al Superior Tribunal de Justicia. A pedido del interesado y a su costo, deberán publicarse asimismo las sentencias absolutorias. Las sanciones de suspensión y de exclusión de los matriculados – una vez firmes – serán publicadas en el Boletín Informativo del Colegio de Abogados y Procuradores, con indicación de los datos filiatorios del profesional de que se trate.

 

Art. 27.- Desistimiento. El denunciante podrá desistir de su denuncia en cualquier estado de la causa, sin perjuicio de la potestad del Tribunal para disponer de oficio su prosecución. En este caso, el denunciante quedará obligado a proveer al Tribunal los medios probatorios mencionados en su denuncia y concurrir al Tribunal cuando sea citado.

 

IV.- De los recursos

 

Art. 28.- Recurso de apelación. Las sentencias que impongan sanciones disciplinarias serán apelables en relación y con efecto suspensivo dentro del término de diez días de su notificación mediante recurso fundado por ante el Superior Tribunal de Justicia, únicamente por el denunciado. El denunciante no es parte en la causa disciplinaria, pero estará obligado a brindar la más amplia colaboración para la investigación de la verdad y comparecer ante el Tribunal las veces que sea citado, aportando los elementos probatorios que obren en su poder. Asimismo, el denunciante carece de legitimación para apelar y no es parte en el trámite del recurso.

 

V.- Disposiciones complementarias

 

Art. 29.- Facultades disciplinarias accesorias. Durante la tramitación de la causa, el Tribunal ejercerá poder disciplinario sobre aquéllos que intervienen en las actuaciones, a fin de asegurar el respeto debido sus miembros o el recíproco que se deben las partes. A tal efecto podrá expulsar de las audiencias a quienes obstruyan el procedimiento o se conduzcan en forma irrespetuosa, ordenar que sean testadas en los escritos las expresiones ofensivas y disponer cualquier otra medida adecuada a la finalidad. Si el incurso en inconducta procesal fuese colegiado, podrá sancionarlo, mediante decisión fundada, con apercibimiento privado o público, o con multa graduada prudencialmente, cuyo producto se destinará a la biblioteca del Colegio.

 

Art. 30.- Deberes adicionales de la Secretaria Letrada. Cuando el Presidente de Trámite, durante el término de tres meses, no instare el procedimiento, o cuando la causa se encontrara paralizada por similar término, la Secretaria Letrada a cargo deberá comunicar tal situación a los restantes miembros del Tribunal de Ética. Y cuando, estando la causa en estado de sentencia, hubieren transcurrido tres meses sin que se hubiere dictado resolución, la Secretaria Letrada tendrá la obligación de comunicar tal circunstancia al Consejo Directivo.

 

Art. 31.- Copias. Las partes podrán solicitar copia simple o certificada de cualquier actuación, la que se expedirá por Secretaría, a costa del solicitante. Igual derecho tendrán los terceros que lo soliciten por escrito, acreditando un interés legítimo en la información.

 

Art. 32.- Régimen supletorio. En todo lo no previsto por los estatutos del Colegio y este reglamento regirán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil de la Provincia de Jujuy.

 

Art. 33.- Vigencia del reglamento. Este reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación por Asamblea Extraordinaria, y se aplicará aun a las causas en trámite, excepto para los términos en curso, si el corriente fuera más extenso.

 

Texto aprobado por Asamblea Extraordinaria de fecha 24/09/03 y su continuación de fecha 3/10/03.

Texto modificado por Asamblea Extraordinaria de fecha 30/11/05.